FANDOM




Órganos públicos autónomos.Editar

Introducción

La evolución de la teoría clásica de la división de poderes en la que se concibe a la organización del Estado, en los tres poderes tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial, ha permitido que, en la actualidad, se considere como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de sus actividades; asimismo, se ha permitido la existencia de órganos constitucionales autónomos en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales.

Su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del po- der público (legislativo, ejecutivo y judicial), a los que se les han encargado funcio- nes estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agiliza- ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e inde- pendencia no significa que no formen parte del Estado. Son órganos indispensables en la evolución contemporánea del Estado constitucional de Derecho.


Concepto

Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y funda- mentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisio- nes y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmo- nopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional.

Cabe destacar que la fracción IX del artículo 3o de la Ley Federal de Trans- parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala como órga- nos constitucionales autónomos para efectos de transparencia al Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Banco de México y a las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía.


Antecedentes

Sobre los órganos constitucionales autónomos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 32/2005, menciona en el contenido de la respectiva ejecutoria, que surgen en Europa y su establecimiento se expandió por Asia y América, como consecuencia de la nueva concepción del poder, bajo una idea de equilibrio constitucional apoyada en los controles del poder público. Con ello, la teoría tradicional de la división de poderes evolucionó, por lo que se dejó de concebir a toda la organización del Estado como una derivación de los tres poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo, y judicial). Actualmente se habla de que dicho principio debe considerarse como una distribu- ción de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las activi- dades confiadas al Estado.

En un inicio, su creación se encontraba justificada por la necesidad de estable- cer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales, y para lograr controlar la constitucionalidad en las funciones y actos de los depositarios del poder público. Por tal motivo, se establecieron en las normas jurídicas constitucionales, dotándolos de independencia en su estructura orgánica y así alcanzar los fines para los que se crearon, es decir, para que ejerzan una función pública fundamental, y que por razones de su especialización e importancia social requería la autonomía del órgano creado respecto de los clásicos poderes del Estado.


Fundamentos Legales y Constitucionales.

Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución, con lo cual tienen independencia jurídica de los poderes clásicos del Es- tado, lo que se traduce en autonomía orgánica y funcional. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial); debe considerarse como una distribución de funciones, haciendo eficaz el desarrollo de las actividades encomenda- das al Estado.


En el orden federal, la Constitución especifica cuatro entidades autónomas:
1. Banco central, Banco de México (artículo 28 párrafo sexto);
2. Instituto Federal Electoral (artículo 41, fracción III);
3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (artículo 102, apartado B, párrafos primero al cuarto); y

4. Universidad Nacional Autónoma de México (artículo 3o, fracción VII).


Competencia y Atribuciones.

Atribución de una o varias funciones primordiales del Estado, lo cual implica autonomía técnica, es decir, deben atender eficazmente asuntos primordiales del Estado en beneficio de la sociedad. En el texto constitu-cional se les dotó de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen sus fines, que ejerzan una función del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía.

Facultad para expedir las normas que los rigen (autonomía normativa).

Capacidad para definir sus necesidades presupuestales y para administrar y emplear los recursos económicos que les sean asignados (autonomía financiera-presupuestal y administrativa).


Revisión de sus actos.

En virtud de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tra- dicionales y los factores reales de poder, puesto que generaron desconfianza social disminuyendo la credibilidad gubernamental, se dio lugar a la creación de órganos constitucionales autónomos, encargados ya sea de fiscalizar o controlar institucio- nes para que no violenten el apego a la constitucionalidad. Son considerados una vía para conciliar la democracia de partidos, de los po- deres tradicionales y grupos económicos y sociales, por la autonomía que los carac- teriza; no se deben a su creador o a quien los designa, pues se busca con ellos un equilibrio constitucional.

Asimismo, la autonomía encuentra su explicación en diversos motivos entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

a) la necesidad de contar con un ente especializado técnica y administrativa- mente;

b) la urgencia de enfrentar los defectos perniciosos de la partidocracia;

c) la conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no deben ser sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribu- ciones naturales del Estado; o bien d) en el caso de las autoridades electorales, la necesidad de contar con las máximas garantías de imparcialidad en los procesos electorales.

Un auténtico órgano autónomo cuenta con especialización en su área y no se guía por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto apego a la legalidad.

En la medida en que un órgano tenga independencia respecto de los poderes tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, se asegura y garantiza su autonomía, siempre en estricto apego al principio de cons- titucionalidad, pues la limitante de la autonomía radica precisamente en que sus actos se encuentren apegados a dicho principio.

De igual forma, el doctor Joel Carranco, dice que en del Espíritu de las Leyes, si bien sirve como referencia, no es suficiente su aplicación en los sistemas jurídicos contemporáneos, puesto que el contexto histórico, político y social nos demanda crear nuevas formas de organización.


Relación con los demás organos de poder.

Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.

¡Interferencia de bloqueo de anuncios detectada!


Wikia es un sitio libre de uso que hace dinero de la publicidad. Contamos con una experiencia modificada para los visitantes que utilizan el bloqueo de anuncios

Wikia no es accesible si se han hecho aún más modificaciones. Si se quita el bloqueador de anuncios personalizado, la página cargará como se esperaba.

También en FANDOM

Wiki al azar